29 Nov Seguridad del transporte vertical de Bogotá, a discusión en el Concejo

En Bogotá hay 4.724 ascensores, escaleras y puertas eléctricas sin certificado de inspección. El Concejo aprobó un proyecto que pretende fortalecer la prevención y control a las revisiones que deben hacer las edificaciones y centros comerciales en las que hay transporte vertical, y ahora la iniciativa pasará a plenaria.

Desde hace más de dos años en Bogotá se viene alertando sobre una situación preocupante: la falta de certificación de ascensores, escaleras y puertas eléctricas, medios que se conocen como transporte vertical. En 2017 y 2018, debido a emergencias en las que incluso hubo fallecidos, los controles al funcionamiento sobre todo de ascensores y escaleras eléctricas se hicieron cada vez más rigurosos. Sin embargo, el tema no se llevó más allá hasta este semestre, cuando en el Concejo de Bogotá se propuso un proyecto para fortalecer las condiciones de seguridad de los dispositivos de transporte vertical.

El proyecto, de autoría del concejal Rolando González (Cambio Radical), se debatió este martes en la comisión del Plan, donde se aprobó y ahora pasará a la plenaria para debate de los 45 cabildantes. La iniciativa contempla cuatro aspectos principales. Lo primero es que todas las edificaciones, tanto públicas como privadas, registren sus modos de transporte vertical en una plataforma que se crearía para tal fin, y en la que se debe especificar desde cuando se encuentra en operación el ascensor o escalera eléctrica. Asimismo, de aprobarse el proyecto, anualmente se debería a la plataforma el certificado de revisión general que se debe emitir cada año.

Por otro lado, con el proyecto se busca crear un módulo virtual para prepararse y responder ante una situación de emergencias en transporte vertical, y que las empresas de seguridad y administradores de edificios exijan que por lo menos un miembro por turno del personal de seguridad contratado esté con el curso de primer respondiente ante alguna emergencia.

De los 9.195 ascensores que visitó el Idiger, constataron que 5.791 cumplen con la certificación de inspección que debe expedir alguna de las 13 empresas de certificación que hay en la ciudad y que son vigiladas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). No obstante, la inquietud radica en que 3.404 incumplen con este requisito clave para el buen funcionamiento de los elevadores. Al discriminar por localidades, aparecen Suba, con 772, Usaquén (731) y Chapinero (601), como las localidades con mayor número de ascensores sin certificar.

En cuanto a las escaleras y rampas eléctricas, el Idiger detectó que 485 cumplen con los certificados de inspección y vigilancia, mientras que 137 no los tienen. En este aspecto, Barrios Unidos (24 reportes), Suba (22) y Chapinero (18), son las localidades con mayor número de escaleras y rampas sin verificar.

Pero, sin duda, los dispositivos que más preocupan son las puertas eléctricas, pues hay 1.183 que incumplen con los procedimientos de verificación de seguridad, frente a 689 que sí cumplen. En este apartado alarman las cifras de localidades como Usaquén, donde hay 465 puertas eléctricas sin revisión; Chapinero, que tiene 293, y Suba, con 195.

Del total de dispositivos de transporte vertical que no tienen al día la inspección de funcionamiento, hay 1.381 en conjuntos residenciales y multifamiliares, 1.800 en edificios de apartamentos y oficinas, 65 en centros comerciales, 62 en centro médicos y hospitales, 32 en hoteles, 27 en moteles y 20 en universidades, de acuerdo con los reportes del Idiger.

Otra razón que hace necesario poner en cintura a las edificaciones, centros comerciales y otros establecimientos que cuenten con transporte vertical son las quejas de ciudadanos que tuvieron algún tipo de inconveniente con los dispositivos. Según el Idiger, entre 2019 y el primer semestre de 2020 se interpusieron 135 quejas relacionadas con el funcionamiento de ascensores o escaleras eléctricas.

A estas condiciones hay que sumarle la población que ha quedado expuesta por las fallas en el funcionamiento de los medios verticales. “En el año 2019 la población afectada por incidentes en estos aparatos fue de 1.903 personas, 920 fueron rescatados, 34 heridos y una victima fatal. En el primer semestre de 2020, tenemos 934 afectados, 455 rescatados y 14 heridos, de los rescatados 37 fueron niños”, aseguró el concejal que propuso el proyecto.

No solo en esas afectaciones, sino en general en todas las estadísticas, aparecen Suba, Usaquén y Chapinero como las localidades con mayores problemas para verificar el buen estado de sus modos de transporte vertical. Si bien se puede explicar en que las tres localidades tienen buena parte de los edificios y centros comerciales de la capital, no deja de ser preocupante que la mayoría de cifras negativas estén en las mismas zonas. “Que los ascensores ubicados en edificaciones privadas sean los que mas incumplan, preocupa dado que en esta época la mayoría de los bogotanos se encuentran en confinamiento, lo que aumenta su uso en los edificios residenciales”, concluyó González.

¿En qué consiste la inspección y certificación de transporte vertical?

En 2011, a través del decreto 663, el Distrito obligó a los administradores de edificios, oficinas y centros comerciales a realizar una revisión anual de sus máquinas. Un año después, el Icontec expidió la norma NTC 5926-1, que contiene 175 condiciones que deben cumplir estos aparatos, las cuales deben contar con el visto bueno de las empresas de certificación.

En 2014, el Distrito mediante la resolución 092 emitió los lineamientos técnicos para la revisión de las máquinas y dejó claro que los únicos responsables de contratar la inspección son los administradores de la propiedad, mientras que el Idiger era responsable de vigilar que los documentos que avalan la óptima operación de los aparatos estén al día.

Los defectos que impiden el correcto funcionamiento de un modo de transporte vertical reciben tres posibles calificaciones por parte del inspector: leve, grave o muy grave. La primera hace referencia a fallas menores que no afecten el funcionamiento ni la seguridad. Por ejemplo, baja iluminación. Los defectos graves son los que pueden interferir directamente en la operación del aparato, sin incidir en la tranquilidad de las personas. Los muy graves son aquellos que requieren de una intervención inmediata, como que el regulador de velocidad o los frenos no funcionen, e incluso, que alguna puerta no cierre, en el caso de un ascensor.

Cuando se evidencian irregularidades, el inspector da un tiempo prudencial para corregir los defectos operacionales, aunque las fallas que inciden directamente en la seguridad del usuario y del equipo son de arreglo inmediato. Sin embargo, ningún organismo de inspección tiene la potestad para dejar el ascensor fuera de servicio, pues la empresa inspectora informa al Idiger, que es el único que puede tomar la decisión de clausurar el dispositivo. La misión de los inspectores termina cuando hacen las pruebas, dan la calificación y deciden si certifican o no el aparato.

Es importante aclarar que ninguna empresa inspectora puede obligar a cambiar todo el ascensor, pues solo se debe limitar a revisar qué ítems de la norma se incumplen, para así dejar la posible solución en consideración de los encargados del mantenimiento.